Una organización que habría montado un complejo circuito de estafas financieras utilizando criptomonedas, empresas ficticias y supuestas inversiones bursátiles fue desarticulada tras 21 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense.
La investigación permitió identificar a ocho personas imputadas, detener a uno de los involucrados que tenía un pedido de captura vigente y recuperar dinero, vehículos y documentación que podrían ampliar considerablemente la cantidad de damnificados.
El caso tiene alrededor de 200 víctimas identificadas en distintas provincias del país y se inició en 2023, luego de una denuncia presentada en Puerto Madryn, Chubut.
Según la investigación, los sospechosos captaban inversores mediante atractivas propuestas de rentabilidad y utilizaban diferentes estructuras comerciales y financieras para ocultar el origen de los fondos obtenidos.
Una inversión millonaria que terminó en una denuncia judicial
La causa comenzó a partir de la presentación de una mujer que denunció haber sido víctima de una maniobra fraudulenta. La damnificada había invertido más de 100 millones de pesos en una supuesta oportunidad de negocios.
Durante el primer mes recibió ganancias, lo que habría generado confianza y la expectativa de continuar obteniendo beneficios. Sin embargo, cuando intentó recuperar el capital invertido, el dinero nunca fue devuelto.
A partir de esa denuncia, la Justicia comenzó a reconstruir el funcionamiento de la organización y las distintas modalidades que utilizaba para captar personas.
Con el avance de las tareas investigativas, los especialistas detectaron que no se trataba de un hecho aislado, sino de una estructura que habría operado durante un período prolongado y que tenía alcance en diferentes puntos del territorio nacional.
Entre las propuestas que ofrecían los investigados figuraban inversiones en sociedades que no tenían actividad real y la compra de acciones de empresas que cotizaban en la Bolsa.
De esta manera, presentaban las operaciones como alternativas financieras legítimas, con supuestas posibilidades de crecimiento y rentabilidad.
Uno de los mecanismos utilizados para sostener el engaño era una aplicación digital creada por los propios sospechosos. A través de esa plataforma, los inversores podían consultar movimientos financieros, balances y supuestas operaciones de las compañías en las que habían colocado su dinero.
Sin embargo, esos registros no reflejaban necesariamente operaciones reales, sino que formaban parte de una puesta en escena destinada a mantener la confianza de los clientes.
El problema aparecía cuando los damnificados solicitaban retirar sus fondos. En esos casos, los responsables argumentaban que existían restricciones administrativas del Banco Central que impedían realizar transferencias o liberar el dinero. Con distintas explicaciones, postergaban las devoluciones y evitaban que las víctimas pudieran recuperar sus ahorros.
La ruta del dinero y el entramado de empresas
Uno de los aspectos centrales de la investigación fue la reconstrucción de lo que los investigadores denominaron la «Ruta del Dinero Digital», un circuito mediante el cual los fondos obtenidos a través de las presuntas estafas eran transformados en activos digitales y posteriormente derivados hacia diferentes actividades económicas.
Los investigadores detectaron que el grupo utilizaba una estructura comercial integrada por sociedades, inmobiliarias, agencias de viajes y supuestas casas de cambio.
Estas actividades habrían servido para justificar movimientos de dinero, realizar operaciones financieras y dificultar el seguimiento del capital.
De acuerdo con las tareas realizadas, uno de los imputados se encargaba de constituir empresas ficticias, mientras que otros dos intervenían en la creación de inmobiliarias utilizadas para canalizar fondos mediante operaciones vinculadas con alquileres de propiedades.
Otros integrantes figuraban como responsables de agencias de viajes y establecimientos turísticos que, según la investigación, también funcionaban como espacios para realizar operaciones de cambio de divisas al margen de los circuitos legales.
El entramado no terminaba en las operaciones digitales: también se detectaron compras de vehículos y la importación de electrodomésticos que posteriormente eran comercializados a través de plataformas de venta online.
Estas maniobras habrían permitido introducir parte del dinero en distintas actividades comerciales y dificultar la identificación de su procedencia.
La utilización de diferentes sociedades y rubros comerciales habría sido una pieza fundamental para disimular el origen de los fondos y dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Por eso, los investigadores avanzaron sobre los domicilios particulares y los establecimientos que presuntamente funcionaban como centros de actividad de la organización.
21 allanamientos en Capital y el conurbano bonaerense
Los procedimientos fueron realizados por la Policía de la Ciudad, a través de la División Delitos Tecnológicos Complejos, en coordinación con distintas autoridades judiciales.
En total se concretaron 21 allanamientos: 12 en la Ciudad de Buenos Aires y otros nueve en localidades de la provincia de Buenos Aires.
En territorio porteño, los operativos se desarrollaron en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano. En el conurbano, los procedimientos alcanzaron a Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.
Los allanamientos incluyeron viviendas particulares y oficinas comerciales que tenían fachadas de agencias de viajes y casas de cambio, pero que, de acuerdo con las pesquisas, habrían sido utilizadas como lugares de funcionamiento y coordinación de las maniobras investigadas.
Como resultado de los procedimientos, se secuestraron más de 172.000 dólares en efectivo y criptoactivos valuados en otros 80.000 dólares, lo que representa un monto superior a los 250.000 dólares entre dinero físico y activos digitales.
También fueron incautados seis millones de pesos, cheques por cifras millonarias, vehículos presuntamente adquiridos con dinero ilícito, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones financieras.
El material tecnológico y los registros encontrados podrían resultar determinantes para establecer nuevas conexiones, identificar otras operaciones y determinar si existen más personas perjudicadas por el esquema.
Ocho imputados y una investigación que podría sumar víctimas
En el marco de la causa quedaron imputados ocho integrantes de la organización, pertenecientes a dos familias. Además, uno de los involucrados fue detenido debido a que registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja.
La investigación contó con la participación de brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.
Las actuaciones fueron coordinadas con autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Chubut.
La articulación judicial estuvo a cargo del fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.
Con aproximadamente 200 damnificados identificados hasta el momento, los investigadores no descartan que la cifra aumente a medida que se analicen los dispositivos electrónicos, la documentación y los registros financieros secuestrados.
El procedimiento permitió avanzar sobre una estructura que habría combinado engaños digitales, falsas oportunidades de inversión y operaciones financieras para ocultar el dinero obtenido.
El desafío ahora será reconstruir el recorrido completo de esos fondos, determinar el alcance económico de las maniobras y establecer si existen nuevas víctimas que todavía no realizaron la correspondiente denuncia.
El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de las inversiones ofrecidas sin garantías verificables y la importancia de comprobar la legitimidad de las empresas y plataformas antes de entregar dinero.
La investigación sigue siendo clave para conocer la dimensión real de una operatoria que habría perjudicado a cientos de personas en distintos puntos del país.