El Gobierno porteño concretó un nuevo operativo de desalojo en la esquina de Bahía Blanca y Bacacay, donde funcionaba un taller textil clandestino y se alquilaban habitaciones.
Se trata de la propiedad número 800 recuperada durante la actual gestión, en un procedimiento que permitió restituir el inmueble a la familia Castro, que llevaba años reclamando su devolución por la vía judicial.
La vivienda, ubicada en el barrio de Floresta, pertenece a la familia Castro desde 1968. El conflicto comenzó después de que el inmueble fuera alquilado en 2018 por José Castro Rodríguez, quien falleció en 2021.
Según relató su hija, Patricia Castro, los inquilinos dejaron de pagar el alquiler en julio de 2022 y, pese a los reiterados pedidos para que abandonaran el lugar, continuaron ocupándolo sin autorización.
Ocho años de ocupación y un reclamo que llegó a la Justicia
La situación se prolongó durante varios años y terminó convirtiéndose en un extenso conflicto judicial. Tras el fallecimiento de José Castro Rodríguez, sus herederos iniciaron los trámites sucesorios, obtuvieron el reconocimiento legal correspondiente y comenzaron a reclamar formalmente la restitución de la propiedad mediante cartas documento.
Sin embargo, las intimaciones no consiguieron que los ocupantes abandonaran el inmueble.
Ante la falta de respuestas, la familia decidió avanzar con una demanda judicial para recuperar la vivienda. El proceso concluyó en 2023 con una sentencia firme de desalojo, aunque la resolución no se tradujo inmediatamente en la restitución efectiva del inmueble.
Patricia Castro explicó las dificultades que atravesaron durante el reclamo y señaló que el camino judicial tampoco estuvo exento de obstáculos.
Según contó, mientras un fiscal había intentado avanzar con la investigación, otro decidió archivar la causa, hasta que finalmente consiguieron una resolución favorable que habilitó el desalojo.
Un taller textil clandestino y habitaciones subalquiladas
Uno de los aspectos más llamativos del caso fue el uso que se le estaba dando a la propiedad. De acuerdo con la información del operativo, en el interior de la vivienda funcionaba un taller textil clandestino, equipado con cinco máquinas de coser.
Además, los ocupantes subalquilaban habitaciones, una actividad que se desarrollaba dentro de un inmueble cuya titularidad correspondía a la familia Castro.
Durante el procedimiento policial, las personas que se encontraban en el lugar intentaron desarmar las máquinas de coser que utilizaban para trabajar en el taller.
La intervención permitió avanzar con el desalojo y recuperar el control de una propiedad que llevaba años fuera del alcance de sus legítimos propietarios.
La situación edilicia también encendió las alarmas. Una vez realizada la inspección correspondiente, la Guardia de Auxilio dispuso la clausura del inmueble debido al riesgo de derrumbe.
Esta medida impide su utilización hasta que se puedan evaluar las condiciones estructurales y determinar qué trabajos serán necesarios para garantizar la seguridad.
La Ciudad alcanzó las 800 propiedades recuperadas
El procedimiento en Floresta tuvo además un significado particular para el Gobierno porteño: representó la propiedad número 800 recuperada durante la actual gestión.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se acercó al lugar y mantuvo un encuentro con Patricia Castro y su madre para acompañar la restitución del inmueble.
Durante la recorrida, Macri cuestionó la utilización que se hacía de la vivienda y sostuvo que el caso reflejaba una situación que no debería haberse prolongado durante tanto tiempo.
«Estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino. Nunca se debió haber llegado a una situación así», manifestó.
El mandatario también destacó el número de propiedades recuperadas y volvió a plantear el orden público y el respeto por la propiedad privada como ejes centrales de su administración.
«Ya recuperamos 800 propiedades y liberamos, por ejemplo, un barrio entero como Balvanera. No nos vamos a detener», afirmó.
En ese sentido, el Gobierno porteño informó que, como resultado de los procedimientos realizados, ya se restituyeron a sus legítimos propietarios inmuebles cuyo valor conjunto supera los 400 millones de dólares.
La administración sostiene que estas intervenciones buscan recuperar espacios ocupados ilegalmente, fortalecer la seguridad y garantizar los derechos de los propietarios.
Un operativo con intervención de distintas áreas
El desalojo estuvo encabezado por la Policía de la Ciudad y contó con la participación de diferentes organismos porteños. Mientras se desarrollaba el procedimiento, la Red de Atención realizó un relevamiento de las personas que permanecían en el inmueble, con el objetivo de identificar su situación y evaluar las necesidades de asistencia correspondientes.
También intervinieron los ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano, la Secretaría de Ordenamiento Urbano, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Jefatura de Gabinete.
El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, acompañó el operativo junto al secretario del área, Maximiliano Piñeiro. Giménez respaldó la política de recuperación de inmuebles impulsada por el Ejecutivo y aseguró que, en los lugares donde se concretaron desalojos, se registró una disminución de los delitos.
«En los lugares donde se devolvió una propiedad usurpada el delito bajó. Y eso se logra con decisión política y gestión», expresó el funcionario.
Los barrios donde se concentran los desalojos
De acuerdo con el balance difundido por el Gobierno porteño, durante la actual administración se registra un promedio de una propiedad recuperada por cada día hábil. Entre los barrios que concentran la mayor cantidad de procedimientos aparecen Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.
La gestión también sostiene que el incremento de las intervenciones responde a una mayor participación de los vecinos, que acercan información y realizan denuncias ante posibles situaciones de ocupación irregular.
En este contexto, el caso de Floresta vuelve a poner sobre la mesa una problemática que atraviesa distintos barrios de Buenos Aires: los conflictos por inmuebles ocupados, los extensos tiempos de los procesos judiciales y las dificultades que enfrentan los propietarios para recuperar sus viviendas.
La restitución de la propiedad de Bahía Blanca y Bacacay representa el cierre de una larga disputa para la familia Castro, aunque la clausura por riesgo estructural abre ahora una nueva etapa: determinar las condiciones del edificio y avanzar con su recuperación para que pueda volver a tener un uso seguro y legítimo.