La Ciudad elimina la rúbrica obligatoria de documentación laboral

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso eliminar la obligación de rubricar la documentación laboral ante la autoridad administrativa local a partir del 1° de junio de 2026.

La medida, enmarcada en los cambios introducidos por la reforma laboral nacional, apunta a reducir trámites burocráticos, disminuir costos para los empleadores y simplificar los procedimientos administrativos, aunque mantiene vigentes las facultades de inspección y control sobre las condiciones de trabajo y el cumplimiento de los derechos laborales.

La decisión se fundamenta en la modificación del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, introducida por la Ley 27.802 y reglamentada mediante el Decreto 407/2026.

A partir de ese nuevo marco normativo, la administración porteña resolvió dejar sin efecto el régimen local que establecía la rúbrica obligatoria de determinados registros y documentos laborales.

El cambio tiene una fecha concreta de aplicación: desde el 1° de junio de 2026 dejará de exigirse este procedimiento ante los organismos laborales de la Ciudad.

En consecuencia, el período devengado correspondiente a mayo de ese año será el último comprendido dentro del sistema que ahora queda sin efecto.

Menos trámites para las empresas y empleadores

Hasta ahora, los empleadores alcanzados por la normativa debían realizar gestiones ante la autoridad laboral porteña para obtener la rúbrica de documentación vinculada con sus relaciones de trabajo.

Este procedimiento formaba parte de las obligaciones administrativas destinadas a formalizar y respaldar los registros laborales de las empresas.

Con la nueva disposición, ese requisito deja de ser exigible dentro del ámbito de competencia de la Ciudad, lo que representa una modificación en la relación administrativa entre los empleadores y el organismo laboral.

La eliminación de este trámite busca reducir tiempos de gestión, evitar costos asociados a procedimientos administrativos y brindar mayor previsibilidad a quienes tienen personal contratado.

También se inscribe en una política de simplificación del Estado que apunta a revisar aquellas obligaciones que, a partir de los cambios legislativos, dejaron de contar con sustento normativo.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, destacó el alcance de la decisión y sostuvo que responde al objetivo de construir una administración más moderna y eficiente.

«Esta decisión refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente.

Eliminar trámites que ya no tienen sustento legal, reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo», expresó el funcionario.

Qué pasará con los controles laborales

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que la eliminación de la rúbrica no implica una reducción de las facultades de fiscalización que tiene el Gobierno porteño sobre los establecimientos y las relaciones laborales.

La Ciudad continuará realizando inspecciones y aplicando sanciones cuando se detecten incumplimientos. La medida no modifica las competencias establecidas por la Ley 265, que regula las atribuciones de la autoridad administrativa del trabajo en el ámbito porteño.

Esto significa que los empleadores seguirán sujetos a los controles relacionados con el cumplimiento de las normas laborales, las condiciones de contratación y las obligaciones que establece la legislación vigente. También permanecerán activos los mecanismos de inspección vinculados con la higiene, la salud y la seguridad en los espacios de trabajo.

En ese sentido, la decisión busca diferenciar las obligaciones meramente administrativas de las herramientas que permiten verificar que los trabajadores desarrollen sus tareas bajo condiciones adecuadas y con sus derechos garantizados.

El subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, remarcó que la adecuación responde a una decisión política de avanzar hacia una estructura estatal más eficiente, sin abandonar las responsabilidades de control.

«Esta adecuación normativa elimina trámites innecesarios sin afectar los controles. Desde la Subsecretaría de Trabajo y Empleo continuaremos ejerciendo plenamente el poder de policía laboral para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y las condiciones de higiene y seguridad en toda la Ciudad», señaló.

Qué sucede con los trámites que ya estaban iniciados

La resolución también contempla una situación importante para las empresas y profesionales que ya habían comenzado gestiones antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.

En esos casos, los trámites presentados antes del 1° de junio de 2026 continuarán bajo las reglas que estaban vigentes al momento de su inicio. De esta manera, se busca evitar que el cambio normativo genere incertidumbre sobre expedientes que ya se encontraban en curso.

Además, la Dirección General Relaciones del Trabajo tendrá a su cargo determinar cómo se resolverán las solicitudes que permanezcan pendientes y establecer, cuando corresponda, el procedimiento para reintegrar los aranceles que hayan sido abonados por gestiones que finalmente queden alcanzadas por la nueva disposición.

Este punto resulta relevante para los empleadores que realizaron pagos o iniciaron procedimientos administrativos y todavía no obtuvieron una resolución.

La intención es establecer un mecanismo de transición que permita ordenar esas situaciones sin perjudicar a quienes actuaron conforme a las disposiciones anteriores.

Cambios en los sistemas y procedimientos administrativos

Otro de los aspectos previstos es la adaptación de los sistemas informáticos, los circuitos internos y los instructivos utilizados por la autoridad laboral porteña.

La Dirección General Relaciones del Trabajo deberá implementar las modificaciones necesarias para adecuar el funcionamiento del organismo a las nuevas reglas.

Esto incluye revisar los procedimientos que dejarán de utilizarse y actualizar las herramientas administrativas para evitar que se sigan solicitando requisitos que ya no corresponden.

Sin embargo, la resolución establece una excepción: podrán mantenerse aquellos trámites de rúbrica que tengan origen en leyes especiales y que continúen siendo competencia de la autoridad laboral local.

De esta manera, la eliminación no representa una desaparición absoluta de cualquier procedimiento de rúbrica, sino que alcanza específicamente al régimen general que quedó desactualizado frente a las modificaciones de la legislación nacional.

La medida introduce un cambio administrativo para los empleadores porteños, pero no elimina la obligación de cumplir con la legislación laboral ni libera a las empresas de las inspecciones.

El desafío estará en lograr que la simplificación de trámites se traduzca en una gestión más ágil, sin debilitar los mecanismos destinados a proteger a los trabajadores.