El Gobierno porteño clausuró dos corralones de materiales en el asentamiento La Carbonilla, en el barrio de La Paternal, con el objetivo de impedir nuevas construcciones irregulares y contener el crecimiento de edificaciones en altura que generan preocupación por las condiciones de seguridad.
Un relevamiento oficial detectó estructuras que alcanzan hasta los 20 metros, en un escenario marcado por el riesgo de hacinamiento y posibles problemas estructurales.
El operativo se llevó adelante en comercios ubicados sobre la calle Trelles al 2600 y forma parte de una estrategia de control urbano impulsada por la gestión de Jorge Macri.
La medida apunta a limitar el abastecimiento de materiales para las construcciones que no cuentan con autorización y evitar que continúe la expansión vertical dentro del asentamiento.
“En La Carbonilla no se construye un metro cuadrado más”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño al referirse a las clausuras. Macri advirtió que la administración no permitirá nuevas edificaciones que, según indicó, ponen en peligro la vida de los vecinos y vulneran las normas urbanísticas vigentes.
También remarcó que el cumplimiento de la ley debe alcanzar a todos los sectores de la Ciudad.
Uno de los principales motivos de preocupación de las autoridades es la transformación que experimentó La Carbonilla durante los últimos años. De acuerdo con un relevamiento realizado por el Gobierno porteño, el asentamiento continúa creciendo mediante la construcción de nuevas plantas sobre edificaciones que ya existían.
El informe detectó estructuras que presentan alturas de entre tres y varios metros, con situaciones especialmente críticas en construcciones que llegan a los 12 y hasta los 20 metros.
Este crecimiento vertical genera interrogantes sobre la estabilidad de los inmuebles, las condiciones de habitabilidad y la capacidad de las estructuras para soportar nuevas ampliaciones.
La construcción en altura sin controles técnicos adecuados representa un problema que excede el ordenamiento urbano. También puede comprometer la seguridad de quienes viven en esos edificios y de las familias que habitan en las construcciones linderas.
La preocupación oficial está relacionada, además, con el posible incremento del hacinamiento. La incorporación de nuevos niveles y habitaciones en terrenos con infraestructura limitada puede profundizar las dificultades vinculadas con la circulación, los servicios básicos, la ventilación y las condiciones generales de habitabilidad.
Un operativo con más de 100 agentes
Las clausuras se concretaron después de un amplio despliegue de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, que contó con la participación de más de 100 agentes policiales y equipos de diferentes organismos.
Del procedimiento participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Fiscalización, Higiene y representantes de la Comuna 15.
Además del cierre de los dos corralones, las tareas incluyeron controles en los accesos al asentamiento, retiro de chatarra y vehículos abandonados e inspecciones sobre distintos establecimientos comerciales.
La intervención busca establecer mayores controles sobre los materiales que ingresan al predio y evitar que sean utilizados para levantar nuevas construcciones fuera de las condiciones permitidas.
El objetivo central es interrumpir la cadena de abastecimiento que permite sostener las edificaciones irregulares, mediante controles sobre los comercios y los movimientos de materiales dentro del asentamiento.
Un protocolo para controlar el ingreso de materiales
Las medidas se enmarcan en una resolución del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que encomendó a la Secretaría de Hábitat e Integración Social la elaboración de un protocolo específico denominado “Protocolo para el Ingreso, Registro, Control y Autorización de Materiales de Construcción”.
La herramienta se implementa de manera coordinada con las áreas de fiscalización, control urbano y la Policía de la Ciudad. Su finalidad es regular el ingreso, registro y acopio de materiales dentro de La Carbonilla, además de establecer mecanismos de autorización y supervisión.
La iniciativa apunta particularmente a impedir que continúen las ampliaciones en altura y las construcciones que no respetan las disposiciones urbanísticas.
Para ello, se busca reforzar la presencia de los organismos de control y establecer un seguimiento sobre las actividades vinculadas con la construcción.
Este tipo de intervenciones plantea un desafío importante para las autoridades, ya que no se trata únicamente de clausurar comercios, sino también de sostener controles permanentes que permitan evitar que vuelvan a funcionar los circuitos de provisión de materiales por fuera de las normas.
El antecedente de la Villa 31
La estrategia aplicada en La Carbonilla tiene como antecedente otras intervenciones realizadas por la administración porteña en la Villa 31, ubicada en el barrio de Retiro.
En ese asentamiento, el Gobierno de la Ciudad informó que retiró chatarra equivalente a 40 camiones, cerró seis corralones ilegales que operaban durante la noche y clausuró 25 edificaciones que no estaban permitidas. De ese total, diez construcciones fueron demolidas.
También se colocaron carteles para identificar las edificaciones que no podían continuar desarrollándose, con el propósito de reforzar las restricciones y facilitar las tareas de fiscalización.
Estas acciones forman parte de un programa más amplio de ordenamiento del espacio público que incluye operativos de saturación en distintos barrios, la recuperación de más de 900 inmuebles usurpados y procedimientos para liberar sectores de la vía pública ocupados ilegalmente por manteros.
Un asentamiento que creció durante más de dos décadas
La Carbonilla comenzó a formarse hacia fines de 2001 sobre terrenos nacionales ubicados junto a las vías del ferrocarril San Martín. El asentamiento se desarrolló en una franja delimitada por las calles Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa, en el barrio de La Paternal.
Desde sus comienzos, la situación dominial de los terrenos representó una dificultad para establecer responsabilidades y ejercer controles sobre el crecimiento urbano.
La falta de una jurisdicción claramente definida para determinadas intervenciones contribuyó a que el asentamiento se expandiera rápidamente.
Con el paso de los años, las primeras viviendas precarias construidas con chapas fueron dando lugar a edificaciones de material y estructuras de varios niveles.
Ese proceso modificó considerablemente la fisonomía del lugar y dio origen a un crecimiento vertical que hoy se encuentra en el centro de las preocupaciones oficiales.
Actualmente, la población supera los 4.000 residentes, una dimensión que refleja la importancia social y urbana que adquirió el asentamiento desde su conformación.
El desafío en La Carbonilla será sostener los controles y evitar que el crecimiento edilicio continúe sin garantías de seguridad.
Frenar las construcciones irregulares es una parte de la intervención, pero el problema también exige atender las condiciones de habitabilidad de quienes viven allí y las necesidades de un sector que lleva más de dos décadas en expansión.