El Gobierno porteño intensificó los controles sobre los comercios dedicados a la compra, venta y reparación de teléfonos celulares y ya clausuró 112 locales en apenas quince días.
Los procedimientos buscan desarticular el circuito de comercialización de dispositivos robados que regresan al mercado a través de negocios que no pueden acreditar su procedencia.
La decisión fue impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien dispuso un refuerzo de las inspecciones y declaró la emergencia transitoria de la actividad.
Como resultado de los operativos, cinco personas fueron detenidas y se secuestraron teléfonos, repuestos y herramientas utilizadas para la reparación de equipos.
La medida apunta especialmente a los establecimientos que funcionan como puntos de recepción, desarme y reventa de dispositivos sustraídos.
Un operativo para frenar el circuito de celulares robados
La iniciativa busca intervenir sobre una cadena comercial que permite que los teléfonos denunciados como robados vuelvan a circular en el mercado, ya sea completos o desarmados para vender sus componentes por separado.
En muchos casos, los equipos ingresan a locales de reparación y compraventa sin documentación que permita establecer quién los entregó o cuál es su origen.
«Trabajen como gente de bien y dejen de vender celulares robados. Se terminó el vale todo en esta Ciudad», manifestó Jorge Macri al referirse a los procedimientos. El mandatario porteño sostuvo que la intención es avanzar contra los comercios que utilizan la actividad como cobertura para operar con mercadería de procedencia ilegal.
A partir del decreto se establecieron nuevas condiciones para el funcionamiento del sector. Entre las principales disposiciones se encuentran la creación de un registro obligatorio para las actividades de reparación y venta de celulares usados, el incremento de las tareas de fiscalización y la suspensión de nuevas habilitaciones comerciales en determinadas zonas consideradas críticas.
Los controles se concentran especialmente en cuatro sectores de la Ciudad: Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.
Se trata de áreas donde existe una importante concentración de locales dedicados a la comercialización de teléfonos usados, accesorios y servicios técnicos.
Once, uno de los principales puntos bajo inspección
Uno de los primeros despliegues tuvo lugar en el barrio de Once, donde las autoridades detectaron establecimientos que no podían justificar la procedencia de los dispositivos ofrecidos para la venta o destinados a reparación.
Los procedimientos estuvieron a cargo de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), junto con efectivos de la Policía de la Ciudad. Las inspecciones incluyeron distintos comercios y galerías ubicados sobre avenidas y calles de intensa actividad comercial.
Entre los puntos inspeccionados estuvieron locales de avenida Corrientes al 2100, Junín al 3003, la Galería La Juanita, ubicada en avenida Pueyrredón 9, la Galería La Internacional, en Corrientes 2330, y la galería comercial La Recova, en la intersección de Azcuénaga y Pueyrredón.
En este último establecimiento se dispuso la clausura del local 47, donde los agentes secuestraron 22 teléfonos celulares, 79 módulos y distintas herramientas de soldadura utilizadas para trabajos técnicos.
El material quedó bajo intervención de las autoridades para determinar su procedencia y posible vinculación con actividades delictivas.
Los dispositivos recuperados incluían equipos de marcas reconocidas como iPhone, Motorola y Samsung. Según se informó, algunos tenían denuncias vigentes por robo registradas ante los organismos correspondientes, mientras que en otros casos los responsables de los comercios no pudieron presentar documentación que acreditara su adquisición legítima.
La reventa de repuestos, otro eje de la investigación
Uno de los aspectos centrales de los controles es la comercialización de teléfonos desarmados. Cuando un dispositivo robado no puede venderse directamente, sus componentes pueden ingresar a un circuito paralelo de repuestos, donde resulta más difícil identificar el origen del equipo.
Pantallas, módulos, baterías y otras piezas pueden terminar ofrecidas como repuestos para reparaciones, generando un mercado que alimenta la demanda de productos sin trazabilidad. Por eso, los operativos no se limitan a revisar los teléfonos exhibidos en las vidrieras, sino que también incluyen depósitos, herramientas y elementos utilizados en los talleres.
En ese sentido, Jorge Macri cuestionó a quienes reciben equipos robados para desarmarlos y comercializar sus partes. «El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante, es un delincuente que forma parte de una red mafiosa.
Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley», afirmó.
El objetivo de las nuevas disposiciones es que cada comercio pueda acreditar el origen de los equipos y repuestos que recibe, estableciendo mayores controles sobre una actividad que combina la compraventa de dispositivos usados con los servicios de reparación.
Más controles y una política de seguridad en la Ciudad
Desde el Gobierno porteño vincularon estos procedimientos con una política más amplia de prevención del delito y recuperación del espacio público.
La administración de Jorge Macri sostiene que las medidas implementadas desde diciembre de 2023 contribuyeron a reducir los índices de robos y homicidios en territorio porteño.
Dentro de esa estrategia también se mencionó la recuperación de más de 940 propiedades que se encontraban usurpadas, que posteriormente fueron restituidas a sus legítimos propietarios. Asimismo, continúan los controles sobre construcciones ilegales en distintos barrios y villas, entre ellas la Villa 31 y La Carbonilla, además de los operativos policiales en los límites de la Ciudad.
En el caso de los celulares, el desafío no pasa únicamente por clausurar establecimientos o retirar mercadería de circulación. También implica controlar los canales de comercialización, exigir documentación y evitar que los dispositivos sustraídos encuentren rápidamente compradores o terminen convertidos en repuestos.
Con 112 locales clausurados y cinco personas detenidas en los primeros quince días, el operativo representa un endurecimiento de la fiscalización sobre el sector.
La continuidad de los controles y la aplicación de las nuevas exigencias serán determinantes para evaluar si estas medidas logran reducir la circulación de teléfonos robados en el mercado informal.