El Gobierno porteño avanzará contra quienes falsifiquen, adulteren o utilicen irregularmente carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad.
La medida contempla multas de hasta $200.000, la suspensión preventiva de la licencia de conducir, denuncias penales y la obligación de afrontar los gastos de remoción de las señales instaladas ilegalmente.
“Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al anunciar el endurecimiento de los controles.
La decisión apunta a terminar con una práctica que afecta directamente a quienes necesitan utilizar los espacios reservados y que, en muchos casos, son ocupados mediante permisos vencidos, adulterados o directamente falsificados.
Más de 400 carteles retirados durante el año
La iniciativa forma parte de las medidas de ordenamiento del espacio público que impulsa la gestión porteña. Según los datos difundidos por el Gobierno de la Ciudad, durante lo que va del año ya fueron retirados más de 400 carteles correspondientes a reservas de estacionamiento que presentaban distintas irregularidades.
Entre las situaciones detectadas aparecen permisos modificados, credenciales falsas, autorizaciones vencidas y señalizaciones cuyos titulares habían fallecido.
También se identificaron casos en los que particulares colocaron carteles o modificaron la señalización existente para asegurarse un lugar exclusivo frente a sus viviendas, sin contar con la autorización correspondiente.
El problema no se limita a una infracción vinculada con el tránsito. La utilización indebida de estos espacios representa una vulneración de derechos para las personas con discapacidad, que necesitan contar con lugares accesibles para trasladarse, estacionar y desarrollar sus actividades cotidianas.
En ese sentido, desde el Ejecutivo porteño consideran que la ocupación irregular de estos sectores desvirtúa el objetivo de una herramienta de inclusión y transforma un beneficio destinado a garantizar accesibilidad en un privilegio utilizado de manera particular.
Qué sanciones recibirán quienes incumplan
El nuevo esquema establece que quienes sean responsables de falsificar o adulterar carteles de estacionamiento reservado podrán enfrentar consecuencias administrativas y judiciales.
Una de las principales novedades es que los infractores no solamente deberán afrontar las multas correspondientes, sino que también tendrán que hacerse cargo de los costos que demande el operativo de retiro de la señalización y la posterior pintura del cordón.
Las sanciones económicas previstas contemplan:
– Hasta $200.000: por exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con la reglamentación.
– Hasta $100.000: por instalar señales de tránsito sin autorización o modificar y destruir la señalización vial.
En los casos donde se compruebe la falsificación o adulteración de los carteles, se presentará una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de un delito.
Además, se instruirá a las áreas correspondientes para iniciar el procedimiento de suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada. Esta medida se suma a las sanciones económicas y a la eventual responsabilidad penal que pudiera determinar la Justicia.
Cómo será el procedimiento ante una irregularidad
La Secretaría de Tránsito tendrá a su cargo la intensificación de los controles sobre la cartelería instalada en las calles porteñas. Cuando los inspectores detecten una señalización irregular, el protocolo establece su retiro inmediato.
Si existen indicios de falsificación o adulteración, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal. No obstante, antes del inicio de una causa penal, los involucrados tendrán la posibilidad de presentar un descargo para explicar su situación.
La normativa también incorpora un criterio de responsabilidad económica: quien haya provocado deliberadamente la irregularidad deberá pagar la totalidad de los gastos derivados del procedimiento, incluyendo el retiro del cartel y los trabajos necesarios para restablecer las condiciones originales del espacio público.
De esta manera, el Gobierno busca evitar que los costos de estas maniobras terminen siendo absorbidos por el Estado y, en consecuencia, por los contribuyentes.
Habrá 20 días para regularizar los permisos
Uno de los puntos centrales del anuncio es el plazo otorgado para que los vecinos puedan revisar y poner en regla sus autorizaciones.
Se estableció un período de 20 días corridos desde el dictado del decreto para regularizar voluntariamente aquellas reservas que se encuentren vencidas, tengan información desactualizada o no cuenten con la documentación correspondiente.
El trámite podrá realizarse a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad o mediante un correo electrónico a la dirección reservaespacio@buenosaires.gob.ar.
La intención es que quienes tengan una autorización legítima, pero presenten algún inconveniente administrativo, puedan resolverlo antes de quedar alcanzados por las nuevas medidas.
Una vez cumplido ese plazo, se intensificarán los controles y comenzarán a aplicarse las consecuencias previstas para quienes mantengan situaciones irregulares.
Un cambio que también llegará a la Legislatura
El endurecimiento de las medidas tendrá además una instancia legislativa. El Ejecutivo porteño enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional e incorporar específicamente como contravención la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad.
La propuesta busca darle un marco normativo más específico a una conducta que afecta el uso de la vía pública y los derechos de accesibilidad. De avanzar, permitirá incorporar esta práctica dentro de las conductas sancionables contempladas por la legislación contravencional de la Ciudad.
El desafío será garantizar que los espacios reservados cumplan efectivamente con su finalidad y que los controles alcancen tanto a quienes falsifican documentación como a quienes utilizan señalizaciones sin autorización.
La discusión de fondo excede el ordenamiento del tránsito: se trata de asegurar que un derecho destinado a facilitar la movilidad de las personas con discapacidad no termine convertido en una herramienta para beneficio particular.