La Legislatura aprobó duras sanciones para trapitos y el financiamiento de la Línea F

La Legislatura porteña aprobó dos medidas de fuerte impacto para el futuro de Buenos Aires: una reforma del Código Contravencional que endurece las sanciones contra trapitos y limpiavidrios, con posibilidad de detención efectiva, y una autorización para tomar deuda por hasta 1.350 millones de dólares destinada a financiar la construcción de la Línea F del subte.

Ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno de Jorge Macri avanzaron con amplios respaldos legislativos y marcan dos ejes centrales de la agenda porteña: el control del espacio público y la ampliación de la infraestructura de transporte.

Las modificaciones al Código Contravencional quedaron establecidas mediante la Ley 6961, aprobada con 36 votos positivos. La nueva normativa busca modificar el esquema de sanciones que hasta ahora se apoyaba principalmente en multas económicas y que, según el Ejecutivo porteño, no resultaba suficiente para desalentar la actividad ilegal de cuidacoches y limpiavidrios.

En paralelo, el proyecto de financiamiento de la Línea F obtuvo 56 votos afirmativos y uno negativo, habilitando a la Ciudad a gestionar créditos internacionales para avanzar con una de las obras de transporte más importantes proyectadas para los próximos años.

Trapitos y limpiavidrios: detenciones de hasta 60 días

Uno de los puntos más importantes de la reforma es la incorporación de penas de detención para quienes realicen actividades ilegales de cuidado de vehículos o limpieza de parabrisas en la vía pública.

La medida apunta especialmente a situaciones en las que estas prácticas se desarrollan mediante amenazas, intimidaciones, presiones económicas o estructuras organizadas que buscan apropiarse de sectores de la calle.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió la iniciativa con un discurso de endurecimiento de las políticas de seguridad. «Los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos.

Con los delincuentes, tolerancia cero», sostuvo al referirse a la aprobación de la reforma.

El mandatario también cuestionó la efectividad de las multas económicas que se aplicaban hasta ahora y recordó que, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se registraron 13.149 contravenciones vinculadas con estas conductas.

Para el Ejecutivo, ese volumen de intervenciones demuestra que las sanciones anteriores no alcanzaban para frenar una actividad que, en determinados sectores, genera conflictos frecuentes con vecinos y automovilistas.

Las nuevas penas contemplan distintos escenarios:

– Cuidacoches ilegales: quienes cobren por cuidar vehículos sin autorización podrán recibir entre 10 y 30 días de detención.
– Eventos masivos: cuando se compruebe la existencia de una organización previa o una banda organizada, las penas serán de entre 20 y 50 días.
– Organizadores y promotores: quienes dirijan, organicen o impulsen estas actividades podrán recibir hasta 60 días de detención.
– Agravantes por intimidación: las sanciones podrán duplicarse cuando existan situaciones de violencia, acoso, intimidación persistente o aprovechamiento de la vulnerabilidad de los conductores.

La normativa también modifica las sanciones complementarias. Los días de trabajo comunitario pasarán de un rango de dos jornadas a períodos de entre 20 y 45 días.

En cuanto a las multas económicas, los montos anteriores, que oscilaban entre los 50.000 y los 285.000 pesos, se elevan considerablemente: el nuevo esquema establece valores de entre 1.139.988 pesos y aproximadamente 6,6 millones de pesos, de acuerdo con la cantidad de unidades fijas previstas.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de inhabilitar por hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios y beneficios estatales de la Ciudad a quienes participen de manera organizada en estas actividades durante eventos masivos.

Más controles alrededor de recitales y partidos

La reforma amplía considerablemente el alcance de los operativos de prevención. Hasta ahora, las restricciones estaban concentradas principalmente en espectáculos deportivos y artísticos de gran convocatoria. Con los cambios aprobados, las disposiciones alcanzarán a cualquier tipo de evento que se desarrolle dentro de la Ciudad.

También se modifican las distancias y los horarios de aplicación. El área de prohibición y control se extenderá hasta 50 cuadras alrededor del lugar donde se realice el evento, mientras que la franja horaria pasará a contemplar las seis horas previas al comienzo y las tres horas posteriores a su finalización.

De esta manera, los operativos podrán desarrollarse durante un período más amplio, con mayor cobertura territorial y capacidad de intervención por parte de la Policía de la Ciudad.

La reforma también apunta a las posibles responsabilidades de clubes, instituciones y organizadores. Si se comprueba que integrantes de estas entidades participan directa o indirectamente en la actividad ilegal, podrán aplicarse sanciones económicas y administrativas más severas.

En ese sentido, las multas para las instituciones involucradas se duplicarán, pasando de 10.000 a 20.000 unidades fijas, mientras que las clausuras podrán extenderse hasta 90 días, frente al máximo anterior de 30 jornadas.

El objetivo del Gobierno porteño es impedir que estas prácticas funcionen mediante estructuras organizadas que puedan obtener beneficios económicos aprovechando la realización de espectáculos y concentraciones multitudinarias.

Línea F de subte: la Ciudad podrá endeudarse por USD 1.350 millones

La segunda iniciativa aprobada por la Legislatura está relacionada con el desarrollo de la red de transporte subterráneo. Con 56 votos positivos y uno negativo, el cuerpo legislativo autorizó al Gobierno porteño a gestionar financiamiento por hasta 1.350 millones de dólares para avanzar con la construcción de la futura Línea F.

El permiso habilita al Ministerio de Hacienda y Finanzas a gestionar préstamos con uno o varios organismos multilaterales, bilaterales o regionales de crédito.

Los recursos estarán destinados específicamente a la ingeniería y construcción de la nueva línea, considerada una de las principales apuestas de infraestructura de la administración porteña.

El proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 9,8 kilómetros, que conectará sectores del norte y del sur de Buenos Aires y permitirá realizar combinaciones con las otras seis líneas de la red de subterráneos.

La incorporación de este nuevo corredor busca modificar los actuales patrones de circulación, reducir la concentración de pasajeros en determinados tramos y mejorar las conexiones entre barrios sin necesidad de pasar obligatoriamente por el centro porteño.

Jorge Macri destacó la importancia de la aprobación legislativa y sostuvo que se trata de un paso fundamental para avanzar con la primera nueva línea de subte en 25 años. Según expresó, la obra permitirá mejorar la movilidad y extender el alcance del transporte subterráneo hacia zonas que actualmente no cuentan con ese servicio.

El financiamiento y la situación crediticia de Buenos Aires

La autorización para tomar deuda se apoya, de acuerdo con los argumentos presentados por el Ejecutivo, en la capacidad de financiamiento que mantiene la Ciudad y en sus antecedentes de cumplimiento de obligaciones financieras durante más de tres décadas de autonomía.

En ese contexto, la administración porteña también destacó la reciente colocación de 500 millones de dólares en el mercado internacional, realizada a una tasa del 7,3%, considerada la más baja en la historia crediticia de la Ciudad.

A esto se sumó una mejora en las calificaciones otorgadas por Moody’s Local, que elevó las notas de emisor en moneda local y extranjera desde AA+ hasta AAA.

Esta evaluación constituye un respaldo para la estrategia financiera del Gobierno porteño, aunque la autorización legislativa no significa que la totalidad del crédito ya esté desembolsada ni que las obras se encuentren automáticamente en ejecución.

El desafío estará ahora en avanzar con las gestiones de financiamiento, completar las etapas técnicas y administrativas y garantizar que los recursos se traduzcan en una obra concreta.

Dos decisiones legislativas, dos desafíos diferentes: mientras la reforma contravencional busca modificar el control sobre el uso del espacio público y las actividades ilegales en las calles, la autorización de endeudamiento abre una instancia decisiva para ampliar la infraestructura de transporte.

La implementación de ambas medidas permitirá evaluar el alcance real de los cambios que impulsa el Gobierno porteño.