Una investigación del Gobierno de la Ciudad permitió desbaratar una presunta red de explotación laboral infantil y adolescente que funcionaba bajo la fachada de verdulerías barriales en Belgrano.
Tres jóvenes de apenas 15 años fueron rescatadas de situaciones de extrema vulnerabilidad: trabajaban hasta 14 horas por día, vivían en condiciones de hacinamiento, sufrían violencia física y tenían restringida su libertad. Dos adultos fueron detenidos y uno de los testimonios también reveló un presunto caso de abuso sexual.
La investigación comenzó a partir de una adolescente que logró escapar de uno de los establecimientos después de recibir una golpiza.
La joven fue encontrada en situación de calle por los equipos territoriales del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad (CDNNyA), organismo que encabeza Victoria Morales Gorleri.
Su relato permitió reconstruir el funcionamiento de la presunta red y avanzar sobre otros comercios vinculados con la misma actividad.
La menor contó que permanecía en una verdulería del barrio de Belgrano junto a otras dos adolescentes de su misma edad.
Según su declaración, durante la semana debía cumplir una jornada laboral que comenzaba a las 7 de la mañana y se extendía hasta las 21, sin posibilidades de disponer libremente de su tiempo.
Además, aseguró que solamente podía salir los domingos, cuando realizaba paseos por la Ciudad junto a integrantes de la familia.
El testimonio encendió las alarmas y motivó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y de la Justicia federal, que dispusieron una serie de procedimientos para determinar las responsabilidades de los adultos involucrados y localizar a las otras menores.
Allanamientos y condiciones de extrema vulnerabilidad
Los operativos se realizaron en dos domicilios comerciales ubicados en Ciudad de la Paz 1771 y Amenábar 1782, en el barrio de Belgrano.
Durante el primer allanamiento, los investigadores encontraron a una segunda adolescente de 15 años que estaba a cargo de distintas tareas dentro del comercio.
La joven debía atender al público, reponer mercadería y realizar trabajos de limpieza. Sin embargo, las condiciones en las que vivía resultaron todavía más preocupantes: dormía en la parte superior de la verdulería, en un espacio reducido y con condiciones de hacinamiento, falta de higiene y ausencia de elementos adecuados para alojar a una menor de edad.
De acuerdo con los primeros testimonios, también cumplía jornadas laborales de aproximadamente 14 horas y no tenía posibilidades de asistir regularmente a la escuela.
La adolescente habría llegado desde Bolivia hacía alrededor de un año, circunstancia que también forma parte de las actuaciones para establecer su situación migratoria y las condiciones en las que fue incorporada a esa actividad comercial.
La tercera menor fue localizada posteriormente en otra verdulería perteneciente al mismo grupo comercial, también en Belgrano.
Allí se encontraba sola, atendiendo el establecimiento y realizando tareas propias del funcionamiento cotidiano del negocio.
Según se informó, había llegado desde Bolivia hacía pocos meses y anteriormente habría trabajado en otro local de la misma red ubicado en Bernal, partido de Quilmes, en el conurbano bonaerense.
Tras su localización, los equipos del Consejo dispusieron su resguardo inmediato y el establecimiento fue clausurado.
Como resultado de los procedimientos, las tres adolescentes quedaron bajo protección del Gobierno porteño y dos personas mayores fueron detenidas, mientras la Justicia avanza para establecer el grado de participación y las responsabilidades de quienes habrían intervenido en los hechos.
Los informes médicos revelaron un cuadro alarmante
Las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas por los equipos especializados del CDNNyA permitieron conocer la gravedad de las situaciones atravesadas por las adolescentes.
Los primeros resultados detectaron golpes, hematomas, síntomas de enfermedades que no habían recibido tratamiento y posibles indicadores de malnutrición.
También se identificaron consecuencias vinculadas con experiencias traumáticas y problemas de salud mental que requieren atención y seguimiento profesional.
Otro aspecto especialmente preocupante fue la desvinculación del sistema educativo. Según los testimonios reunidos, solamente una de las tres adolescentes estaría escolarizada, mientras que las otras dos habrían permanecido alejadas de las aulas durante períodos prolongados.
Sus rutinas estaban dominadas por las extensas jornadas de trabajo, el encierro y las escasas posibilidades de salir al exterior.
Esta situación habría profundizado el aislamiento y el desarraigo, especialmente por tratarse de jóvenes que habían llegado desde Bolivia y se encontraban en un entorno diferente al de sus lugares de origen.
A este escenario se sumó una denuncia de extrema gravedad. Las adolescentes manifestaron que una de ellas habría sido víctima de abuso sexual por parte de un hombre de aproximadamente 30 años, señalado como propietario de otra verdulería.
El hecho fue incorporado a las actuaciones y deberá ser investigado por la Justicia para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades penales.
La intervención de la Ciudad y el avance de la investigación
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el trabajo realizado por los equipos del Consejo y la coordinación con las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales.
«Gracias al trabajo de Victoria Morales Gorleri y su equipo del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, detectamos el caso y, en conjunto con la Policía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, las pusimos a resguardo.
Todos los responsables ya están detenidos y las adolescentes, a salvo. Ley y orden», expresó.
Por su parte, los organismos intervinientes trabajan en la formalización de las actuaciones para elevar un informe urgente al juzgado.
Entre los puntos que buscan esclarecer se encuentran la frecuencia y la naturaleza de los contactos que mantenían los adultos investigados con las menores, además de las condiciones en las que permanecían alojadas y trabajaban.
Debido a que las tres adolescentes son de nacionalidad boliviana, el Consejo también inició gestiones con el área de Restitución Internacional.
El objetivo es abordar cada situación bajo el principio del interés superior del niño, contemplando las circunstancias particulares y la voluntad individual de las jóvenes.
En paralelo, el Gobierno porteño solicitará informes complementarios a la Coordinación Nacional de Rescate y requerirá la intervención de organismos laborales para evaluar sanciones económicas y posibles clausuras definitivas de los establecimientos comerciales donde se hayan comprobado irregularidades.
La investigación también vuelve a poner en discusión una problemática que muchas veces permanece naturalizada en la vida cotidiana: la presencia de menores realizando tareas laborales en comercios, sin que necesariamente se adviertan las condiciones de sometimiento, violencia o vulneración de derechos que pueden existir detrás de esas situaciones.
Morales Gorleri advirtió precisamente sobre esta realidad y remarcó que la explotación infantil y adolescente no siempre se desarrolla en lugares ocultos, sino que puede ocurrir en establecimientos comerciales que forman parte del paisaje habitual de los barrios.
La funcionaria pidió prestar atención ante cualquier situación que genere preocupación y recordó que existen canales para denunciar posibles vulneraciones de derechos.
En ese sentido, indicó que la Línea 102 y el 911 están disponibles para recibir comunicaciones y activar la intervención correspondiente.
El caso dejó al descubierto una situación de extrema gravedad en comercios de Belgrano y puso en evidencia la importancia de detectar a tiempo las señales de explotación.
Mientras las adolescentes permanecen bajo protección, la investigación judicial deberá determinar el alcance de la presunta red y establecer todas las responsabilidades involucradas.