El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que, en casi dos años y medio de gestión, logró recuperar más de 800 propiedades que se encontraban ocupadas ilegalmente, desalojar a miles de manteros de distintas zonas comerciales y desplegar operativos para evitar los cortes de calles.
El plan oficial apunta a reforzar el respeto por la propiedad privada, recuperar el espacio público y mejorar las condiciones de circulación para vecinos, comerciantes y trabajadores.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió las medidas y sostuvo que la gestión busca terminar con situaciones que, según afirmó, durante años afectaron la convivencia urbana.
“Querían hacernos creer que usurpar una casa y arruinarle la vida a una familia no tenía consecuencias y que las víctimas eran los okupas. Querían que naturalicemos el desorden y que nos resignemos.
Acá la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”, expresó.
Más de 800 propiedades recuperadas en distintos barrios
Uno de los ejes centrales de la política impulsada por el Ejecutivo porteño fue la restitución de inmuebles que permanecían ocupados ilegalmente.
De acuerdo con el balance presentado por la administración, ya fueron recuperadas más de 800 propiedades, cuyo valor económico conjunto supera los 200 millones de dólares.
Entre los casos mencionados se encuentran edificios y terrenos de importante valor histórico, arquitectónico y comercial. Algunos de esos inmuebles llevaban décadas sin poder ser utilizados por sus propietarios, con situaciones de ocupación que se extendieron durante más de 30, 40 e incluso 50 años.
Entre las propiedades recuperadas se destacan la Casa Blaquier, ubicada en el casco histórico porteño; la Casona de Costanera Sur; la denominada Galería del Terror, en Nueva Pompeya; y un edificio patrimonial de Tucumán al 1700, en el barrio de San Nicolás, diseñado por el arquitecto Arturo Prins.
También forman parte del listado una parte del Mercado de Bonpland y la conocida Casa Violeta, en Palermo. La restitución de estos espacios representa, según el Gobierno porteño, un avance en la recuperación de inmuebles que permanecían fuera del circuito legal y sin posibilidad de aprovechamiento por parte de sus legítimos titulares.
La iniciativa no se limita a recuperar construcciones, sino que también busca restablecer las condiciones para que los propietarios puedan disponer de sus bienes, desarrollar actividades comerciales o destinar los inmuebles al uso que consideren correspondiente.
Operativos contra los manteros en las principales zonas comerciales
Otro de los puntos centrales del programa estuvo relacionado con la ocupación de veredas y espacios públicos por parte de vendedores ambulantes.
Los procedimientos alcanzaron distintos barrios y centros comerciales de la Ciudad, entre ellos Flores, Once, Constitución, Retiro, Chacarita, Mataderos, Parque Patricios, Liniers y Saavedra.
El objetivo declarado fue liberar las veredas para garantizar la circulación peatonal y evitar que los comerciantes establecidos tuvieran que competir con puestos instalados frente a sus propios locales.
Desde el Ejecutivo sostienen que estas situaciones generaban dificultades para el tránsito, problemas de convivencia y perjuicios económicos para quienes desarrollan actividades comerciales dentro de la formalidad.
Uno de los procedimientos de mayor magnitud se realizó en el barrio de Flores, particularmente sobre la avenida Avellaneda, uno de los principales polos de venta de indumentaria de Buenos Aires.
El operativo involucró a más de 550 inspectores, operarios y efectivos de la Policía de la Ciudad, y permitió desalojar a unos 5.000 manteros que ocupaban las veredas de la zona.
Además, se llevaron adelante 50 allanamientos en depósitos y locales comerciales donde se almacenaba mercadería presuntamente vinculada con circuitos de comercialización ilegal. La intervención buscó avanzar no solamente sobre los puestos callejeros, sino también sobre los espacios utilizados para guardar y distribuir los productos.
Los comerciantes de Flores señalaron una mejora en las ventas
El impacto económico de estas medidas también fue uno de los argumentos utilizados por el Gobierno porteño para respaldar los procedimientos.
Según datos difundidos por la Asociación de Comerciantes de la Avenida Avellaneda, antes del desalojo los negocios atravesaban uno de los momentos más difíciles de su historia, con pérdidas mensuales que superaban los 9.600 millones de pesos.
Un año después del operativo, representantes del sector señalaron que se había registrado una mejora en las ventas y que la zona presentaba mejores condiciones para desarrollar la actividad comercial.
Durante una recorrida por el barrio, Jorge Macri destacó los cambios y afirmó que los comerciantes podían trabajar en mejores condiciones al no tener que enfrentar la competencia de vendedores instalados directamente frente a sus negocios.
La recuperación de las veredas también modificó la circulación en uno de los sectores comerciales más concurridos de la Ciudad, donde diariamente se concentran compradores, trabajadores, proveedores y transportistas.
El fin de los piquetes y la circulación en la vía pública
La política de ordenamiento del espacio público incluyó, además, operativos destinados a evitar los cortes de calles y garantizar la circulación vehicular.
El Gobierno porteño planteó que la posibilidad de transitar libremente constituye uno de los aspectos centrales de la convivencia urbana y que las manifestaciones no deben impedir de manera permanente el desplazamiento de los vecinos.
En ese contexto, la administración también hizo referencia a las intervenciones contra los denominados trapitos, los procedimientos para detectar comedores fantasma y las medidas destinadas a combatir situaciones de extorsión en la vía pública.
“No queremos ser rehenes de nadie, ni de los que cortan la calle, ni de los piquetes, ni de los que invaden veredas o plazas, ni de los delincuentes”, manifestó el jefe de Gobierno durante su último balance de gestión ante la Legislatura porteña.
Desde el Ejecutivo consideran que la liberación de las calles y veredas permite avanzar con otras políticas vinculadas al tránsito y la movilidad urbana.
Entre ellas se encuentra el rediseño de los esquemas de circulación, con el propósito de reducir los tiempos de viaje y facilitar los desplazamientos dentro de Buenos Aires.
Más efectivos y equipamiento para la Policía de la Ciudad
El programa de seguridad también contempla el fortalecimiento de la fuerza policial porteña. Según el balance oficial, desde diciembre de 2023 se incorporaron cerca de 4.000 nuevos agentes que comenzaron a prestar servicio en las calles.
A la ampliación del personal se sumó la entrega de nuevos patrulleros, equipamiento tecnológico y 600 armas de baja letalidad, destinadas a ampliar las herramientas disponibles para intervenir en distintos procedimientos.
La administración porteña vinculó estas incorporaciones con los resultados obtenidos en materia de seguridad y destacó que, a nueve años de la creación de la Policía de la Ciudad, Buenos Aires alcanzó el nivel más bajo de delitos.
La recuperación de inmuebles, los operativos contra la venta callejera y las intervenciones para garantizar la circulación forman parte de una misma política de gestión que tiene al ordenamiento del espacio público como uno de sus principales ejes.
El desafío para la Ciudad será sostener estos resultados en el tiempo y garantizar que las medidas de control se traduzcan en mejoras concretas para quienes viven, trabajan y circulan diariamente por sus barrios.
La recuperación de los espacios comunes y el respeto por los derechos de los vecinos seguirán siendo aspectos centrales de esta agenda.